Quantcast
Channel: ElDiario.es - Antonio M. Vélez
Viewing all 1937 articles
Browse latest View live

Logista nombra directivo al hijo de su consejero delegado pese a los límites sobre familiares de su código ético

$
0
0

Logista, antigua Tabacalera, ha nombrado director general de una filial a Luis Egido de la Hera, de 36 años e hijo del consejero delegado, Luis Egido Gálvez. Trabajadores y exempleados de la empresa cuestionan el nombramiento. Creen que supone un incumplimiento del código ético de Logista por parte de Egido, algo que la empresa niega tajantemente. Este discreto ejecutivo lleva 30 años en la antigua compañía pública (privatizada a finales de los 90) y es su consejero delegado desde 2005. 

El código ético de Logista es el mismo que el de su mayor accionista (72,7%), la británica Imperial Tobacco. Aprobado el 9 de agosto de 2010, insta a “evitar situaciones en las que nuestro interés personal o el de nuestra pareja, familiar o pariente cercano pudiera entrar en conflicto con los intereses de la Empresa”.

De acreditarse un "incumplimiento grave" de ese código de conducta, el consejero delegado de Logista tendría que devolver su bonus, según la propuesta que formuló el pasado jueves su consejo de administración (en el que se sientan los exministros Eduardo Zaplana y Cristina Garmendia) para la junta de accionistas del próximo 21 de marzo.

La multinacional cotizada con sede en Leganés (Madrid), con 5.545 empleados, 2.800 millones de valor bursátil, ventas de 1.038,1 millones de euros y beneficios de 132,1 millones en 2016, dice que es “evidente” que su consejero delegado ha cumplido “escrupulosamente” ese manual de conducta porque Egido no ha participado en el nombramiento de su hijo como director general de Logista-Dis.

La filial, con unos 100 empleados, distribuye a kioskos, estancos y pequeños comercios artículos de fumador y relacionados con el tabaco, papelería, confitería y alimentación, entre otros productos de "conveniencia".

Desde abajo

Egido junior ascendió a director general de la filial Logista-Dis en abril de 2016 y lleva en la empresa desde 2008. Empezó desde abajo. En septiembre de ese año, recién cumplidos los 28 años y con un "aprobado" de nota media, obtuvo su título de licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Europea de Madrid (la misma carrera que cursó su padre). Se incorporó a Logista como becario en la actividad de conveniencia dedicada a Repsol (la logística de los supermercados de las estaciones de servicio de la petrolera).

Tras dos años “a entera satisfacción” del cliente, según la empresa, se convirtió en empleado fijo como ingeniero de base. Posteriormente ascendió a director de Conveniencia, al frente del negocio de Repsol y el de otro cliente, Procter & Gamble. En esos años, completó su formación con un Management Development Program del IE. Mientras, Logista incorporaba a su plantilla al padre de su entonces novia, J. C. V. (que, según la compañía, ya había colaborado como “asesor externo” en 2008 y fue contratado en 2010), y a la entonces novia de su hermano, R. K. (en 2012).

Para dar salida a su pasión por el flamenco y los toros, Egido hijo, compatibilizó sus crecientes responsabilidades en Logista con la puesta en marcha de un bar flamenco en La Latina. Lo montó en 2013 junto a un compañero en la multinacional, Rafael Alemán, que fue nombrado director corporativo de Control Interno de Logista hace un año.

En noviembre de 2015, poco antes de convertirse en director general de Logista-Dis (el puesto llevaba vacante desde principios de 2014), Luis Egido de la Hera impulsó una investigación en la filial que se saldó con el despido de cuatro personas por la compra de décimos de lotería a una Administración en Leganés propiedad de uno de los despedidos. Los décimos se regalaban a estancos como parte de las promociones de Logista.

Despidos

Los despidos están en los tribunales. Logista recalca que una sentencia ha declarado procedente uno de ellos. En el resto no ha sido así. Es el caso de la administrativa que, tras 30 años en la empresa, fue despedida por dar de alta como proveedor de Logista al lotero. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó el pasado 25 de noviembre la improcedencia de su despido y condenó a la empresa a indemnizarla con 177.270,18 euros o a readmitirla.

La sentencia dice que “no consta” que la administrativa y el empleado lotero se conocieran; que ni siquiera trabajaban en el mismo edificio y que la empleada realizaba las altas de proveedores “de manera casi automática”. El TSJM relaciona el despido con un incumplimiento de ese código de conducta que ahora Luis Egido ha cumplido "a rajatabla" con el nombramiento de su hijo. En concreto, el punto que advierte de que “no se deben permitir que los intereses personales o familiares entren en conflicto con las obligaciones en la empresa”.

Datos facilitados por Logista avalan la buena marcha de la filial Logista-Dis con su nuevo director general. Las ventas económicas (descontada la facturación intragrupo) crecieron en el último trimestre del año pasado un 40%, hasta 14,3 millones, y el beneficio operativo fue de 1,8 millones “frente a 0 en el mismo periodo del ejercicio anterior”. La división lleva en números rojos desde 2015. El año pasado, según las cuentas de Logista, perdió 359.000 euros, un 21% menos que un año antes. 


Telefónica desvela la pensión de César Alierta tras su salida de la presidencia: 54 millones

$
0
0

Telefónica ha desvelado este jueves el importe de la pensión de jubilación que acumula César Alierta, su presidente ejecutivo hasta el pasado 8 de abril: 54,221 millones de euros, según consta en el informe de retribuciones de los consejeros remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tras realizar una dotación para la pensión de Alierta de 35,601 millones el año pasado, el importe de “los derechos acumulados por los consejeros actuales” de Telefónica en materia de pensiones se multiplicaron en 2016 por 44, al pasar de 1,435 millones de diciembre de 2015 a los 63,149 millones del cierre de 2016, según las cuentas remitidas este jueves a la CNMV.

Esos más de 54 millones de euros son el resultado de sumar los 14.921.767 euros que acumulaba a 31 de diciembre el “Plan de Previsión Social de Directivos” de Alierta, aprobado en 2006, a la citada aportación de 35,601 millones, que tiene su origen en julio de 2014. Entonces, el consejo de administración de Telefónica aprobó la sustitución del blindaje que tenía el ejecutivo zaragozano hasta ese momento (equivalente a cuatro años de sueldo) por esa aportación "extraordinaria y única" que se hizo efectiva el año pasado.

Se confirma así que Alierta, que en mayo pasado cumplió 71 años y que fue presidente ejecutivo de Telefónica desde julio de 2000 hasta el pasado abril, se garantiza una de las pensiones más elevadas de la historia empresarial española.

El récord lo tiene Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado de Central Hispano, que en 2001 recibió 108 millones de euros por su salida de la entidad tras la fusión con el Santander; a continuación figura Alfredo Sáenz (que recibió 88 millones de euros tras abandonar el Santander en 2013); los 68,7 millones que se embolsó el hoy presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, tras ocho años como consejero delegado de BBVA, que abandonó en 2009; y los 43,5 millones con los que el extinto BSCH jubiló a José María Amusátegui, que sumó además un fijo anual de 5 millones brutos al año a cargo de Santander.

En la documentación remitida a la CNMV, Telefónica explica que Alierta, que sigue vinculado a Telefónica como consejero de la compañía y presidente ejecutivo de su fundación, recibirá una “asignación fija anual especial” adicional de 500.000 euros por “su compromiso de contribuir de forma especial” a las relaciones institucionales del grupo.

Bonus de 4 millones

Según las cuentas anuales de Telefónica, Alierta cobró el año pasado un total de 5,182 millones de euros con el siguiente desglose: 607.273 euros de sueldo por sus funciones ejecutivas (hasta el 8 de abril); 538.554 euros de remuneración fija por su pertenencia al consejo; un bonus variable a corto plazo de 4.015.440 euros correspondiente al ejercicio 2015 y abonado en 2016; 20.000 euros por pertenencia a comisiones del consejo de administración y 1.338 euros por otros conceptos.

Como ese bonus de Alierta correspondía a 2015, el pago (pese a hacerse efectivo el año pasado) no figura en el informe de remuneraciones de los consejeros de 2016 remitido por Telefónica a la CNMV, que deja su retribución total en 1,167 millones.

El documento refleja una fuerte caída de la retribución total del consejo de administración, hasta 10,855 millones, menos de la mitad que en 2015 (23,521 millones).

El sustituto de Alierta en la presidencia ejecutiva de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha renunciado al cobro de los importes que le correspondían como presidente ejecutivo (tendrá la misma remuneración fija que le correspondía por su anterior cargo de consejero delegado, 1.923.100 euros) y a las asignaciones fijas como presidente del consejo (240.000 euros) y de la comisión ejecutiva delegada (80.000 euros).

Pallete, cuyos derechos en materia de pensiones alcanzaban a diciembre pasado 7,13 millones, cobró el año pasado 5,36 millones (un 19,3% menos), tras reducir la operadora su beneficio un 13,7%, hasta 2.369 millones.

Red Eléctrica releva a la exministra socialista Ángeles Amador tras 12 años como consejera

$
0
0

El consejo de administración de Red Eléctrica (REE) se queda sin exministros del PSOE. La propietaria de la red de alta tensión, cuyo mayor accionista (20%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), prepara el relevo como consejera de la exministra de Sanidad Ángeles Amador.

Su sustituto, que se anunciará previsiblemente este viernes, será un hombre de marcado perfil técnico, Alberto Carbajo. Es un antiguo directivo de la casa: fue director general de operación de la compañía entre 2004 y 2012.

El motivo de la salida de Amador es que, tras renovar su mandato de cuatro años en tres ocasiones, está a punto de cumplir 12 años como vocal “independiente” de REE, el tope máximo que establece la ley para ostentar esa categoría, la misma que tiene asignada el ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, otro expolítico con nula experiencia en el sector que fue colocado en el consejo de la compañía el pasado 31 de enero en sustitución de Agustín Conde (PP), tras el nombramiento de este como secretario de Estado de Defensa.

Amador, que en octubre cumplirá 68 años, fue nombrada consejera de REE el 26 de mayo de 2005, cuando la empresa estaba presidida por el también exministro socialista Luis Atienza. Actualmente es la única representante del PSOE en el máximo órgano de gestión de la compañía que preside José Folgado (ex secretario de Estado con José María Aznar), que además de a Fernández de Mesa tiene como vocal al expresidente aragonés Santiago Lanzuela (del PP).

Dos millones en 12 años

En estos doce años, Amador se ha embolsado unos dos millones de euros brutos por su pertenencia al consejo de REE. Su sueldo, que es público desde 2008 (desde entonces ha cobrado una media de 178.000 euros brutos anuales), ascendió el año pasado a 175.000 euros.

Amador, madre del diputado de Podemos Pablo Bustinduy (mano derecha de Íñigo Errejón), es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en patentes industriales y abogada en ejercicio. Fue secretaria técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (1986-1991), subsecretaria del Ministerio de Sanidad (desde 1991) y en junio de 1993 Felipe González la nombró ministra de Sanidad. Entre 1996 y 2004, fue diputada en el Congreso por el PSOE.

Su sustituto, director general de operación de REE durante la etapa de Atienza, pilotó con éxito la integración masiva de las energías renovables en el sistema eléctrico. Es ingeniero de Minas y economista, master de negocio eléctrico, profesor de la Escuela de negocios del Club Español de la Energía y Master sobre Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática de Madrid. En la actualidad imparte clases de Mercados energéticos en la Universidad Politécnica de Madrid.

Carbajo fue director general de Minas e Industrias de la Construcción del Ministerio de Industria y Energía con Felipe González (1992-94); consejero de Endesa y Petronor; consejero de la extinta Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (1995-2000); asesor de la UE para la adecuación del esquema regulatorio del sistema eléctrico de Rumanía y consultor del Banco Mundial para el diagnóstico del sistema eléctrico de Honduras. Se le considera cercano al actual presidente asturiano y de la gestora del PSOE, Javier Fernández.

Con su nombramiento, el peso de las mujeres en el consejo de REE va a caer del 33% actual al 25%. El Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda que en 2020 “el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración”.

Empresarios del marisco, médicos, peluquerías… los beneficiarios desconocidos de la amnistía fiscal

$
0
0

El Gobierno mantiene bajo llave la identidad de las 30.000 personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzó en 2012. Apenas se conoce un ínfimo porcentaje de los beneficiarios y sólo han trascendido algunos gracias a procesos judiciales y a investigaciones periodísticas como las de Los Papeles de Panamá y Los Papeles de la Castellana.

El presidente de Ferrovial triplica su sueldo, hasta 15,2 millones

$
0
0

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, obtuvo el año pasado una retribución, por todos los conceptos, de 15,258 millones de euros, lo que prácticamente supone triplicar los 5,931 millones de un año antes, según recoge el informe de retribuciones de los consejeros remitido este lunes por la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El espectacular incremento de la retribución de Del Pino se explica, según recoge el informe remitido a la CNMV, por la ejecución de un Plan de Opciones sobre Acciones aprobado por la Junta de Accionistas de Ferrovial del 28 de marzo de 2008 y cuyo ejercicio sólo podía hacerse efectivo “a los 3 años de su concesión y antes de que se cumplieran 8”, en función de “unas determinadas tasas calculadas entre la comparación del Resultado Bruto de Explotación con los Activos Netos Productivos”.

Ese plan de opciones ha permitido, tras un “grado de consecución al 100%”, que Del Pino pudiese ejecutar “en su totalidad” las opciones sobre opciones que tenía asignadas, por un importe de 9,383 millones de euros. Con ello, la retribución de los consejeros de Ferrovial ha alcanzado los 23,517 millones de euros, frente a los 19,6 millones de un año antes. Supone un 19,6% más.

Con esos más de 15 millones (que equivalen a un sueldo bruto de 41.802 euros al día), Del Pino, primer ejecutivo y máximo accionista de Ferrovial con el 20,203% (la mayoría, controlado de forma indirecta a través de una sociedad en Holanda), se convierte en serio aspirante a liderar el ránking de ejecutivos mejor pagados de las cotizadas españolas en 2016.

Menos beneficios

El año pasado no fue un buen ejercicio para la constructora, que este lunes ha anunciado una caída del beneficio del 47%, hasta 376 millones de euros y una caída del beneficio operativo (Ebitda) del 8%, hasta 944 millones. Los ingresos crecieron un 11%, hasta 10.759 millones de euros.

El grupo que preside Rafael del Pino se anotó el pasado año extraordinarios de 124 millones de euros por la venta de la autopista Chicago Skyway y de dos vías de Irlanda, si bien son inferiores a los contabilizados en 2015 por la venta de la también autopista estadounidense Indiana Toll Road, informa Europa Press.

Las cuentas de Ferrovial de 2016 registran un impacto negativo de 107 millones de euros por la pérdida registrada en el aeropuerto de Londres Heathrow, del que es primer accionista, y otro de 21 millones por el deterioro de la autopista española Autema.

Por contra, la compañía de construcción, servicios y concesiones asegura no registrar impacto alguno en sus cuentas por la devaluación de la libra derivada del proceso de 'Brexit', al asegurar que cuenta con coberturas de los tipos de cambio.

Hacienda abre inspección a los laboratorios Almirall tras trascender la amnistía fiscal a sus dueños

$
0
0

La Agencia Tributaria ha abierto inspección a los laboratorios Almirall, cuyos máximos accionistas son Jorge y Antonio Gallardo Ballart, poco después de conocerse que ambos hermanos legalizaron un patrimonio opaco de 113 millones de euros gracias a la amnistía fiscal que lanzó en 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Las actuaciones de Hacienda fueron comunicadas a la empresa en julio de 2016, unas semanas después de que, el pasado 9 de junio, la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón filtrala.org, revelase que ambos hermanos estuvieron entre los 9.387 contribuyentes catalanes que se acogieron a la amnistía. Esta medida de gracia benefició a cerca de 30.000 personas y empresas en toda España.

En sus últimas cuentas anuales, remitidas este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la farmacéutica catalana explica que “en julio de 2016, la Agencia Tributaria comunicó a Almirall, SA, en su condición de representante del grupo fiscal, el inicio de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación del Impuesto de Sociedades (régimen de consolidación fiscal) de los ejercicios 2011, 2012 y 2013”.

La inspección también afecta al IVA, “Retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos trabajo/profesional, Retenciones e ingresos a cuenta arrendamientos inmobiliarios y Retenciones e ingresos a cuenta imposición no residentes de los periodos Junio de 2012 a Diciembre de 2013”, señala la empresa.

Como suele ser habitual en estos casos, la compañía dice que “debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales o de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación, pueden dar lugar a pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva”.

Posibilidad "remota"

“No obstante, en opinión de los Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota”, concluye.

Los Gallardo escondían su dinero opaco en cuentas bancarias en Suiza y Mónaco a través de dos empresas de Panamá. La regularización que llevaron a cabo gracias a la amnistía es la de mayor importe que se conoce del pequeño listado de beneficiarios que ha trascendido gracias a investigaciones periodísticas y a sumarios y sentencias judiciales. El Gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a difundir la lista de amnistiados.

Ambos hermanos se acogieron a la amnistía el 14 de noviembre de 2012, una semana antes del lanzamiento, en alianza con La Caixa, de la marca Vithas, la mayor compañía de capital nacional de sanidad privada de España, que hace unos días abría en Madrid su centro más exclusivo, el hospital Vithas Internacional, enfocado especialmente en usuarios extranjeros (principalmente de Arabia Saudí, Rusia o Inglaterra).

Los dos hermanos legalizaron con la amnistía un patrimonio opaco de 112.979.114,13 euros: Jorge Gallardo (1941), presidente de Almirall y expresidente de la patronal farmacéutica (Farmaindustria), afloró un patrimonio de 55.818.421,65 euros y su hermano Antonio Gallardo (1936), 57.160.692,48 euros.

Este último no está implicado en la administración de Almirall, de la que fue presidente, y centra sus esfuerzos en el grupo Landon, la sociedad patrimonial del clan, que es una de las grandes fortunas españolas, en el puesto 13 del ránking nacional elaborado hace unos días por el diario El Mundo.

La cuota que pagaron al Fisco los Gallardo con sus DTE fue de 2.732.800,27 euros: apenas el 2,4% del patrimonio que ocultaban, gracias a la rebaja en las condiciones de la amnistía que decidió aplicar el Ministerio de Hacienda a mediados de 2012 para hacerla más atractiva para los defraudadores.

Los Gallardo controlan las sociedades Grupo Plafin (al 50%) y Todasa (un tercio cada uno), que a cierre de 2016 controlaban a su vez, respectivamente, el 41,3% y el 25,34% de Almirall.

La farmacéutica aumentó su facturación un 11,7% el año pasado gracias a la contribución de sus adquisiciones de terceras compañías, pero redujo su beneficio un 42,7%, hasta 75,5 millones. El resultado neto normalizado (excluyendo elementos extraordinarios) creció un 0,6% el año pasado, hasta los 83 millones.

El pasado 18 de octubre, la farmacéutica anunció un plan de reestructuración de plantilla en España que pactó un mes después con los representantes de los trabajadores, con un máximo de 102 afectados (cerca del 10% de su plantilla en España) y un coste de 26,6 millones en 2016. El recorte perseguía “reasignar recursos para poder apoyar los nuevos proyectos de crecimiento futuro de la compañía, fruto de la I+D interna y de las operaciones de desarrollo corporativo llevadas a cabo en los últimos 18 meses por las sociedades del grupo”.

La inmobiliaria Merlin prepara un bonus de 64 millones de euros en acciones para premiar a su cúpula en 2022

$
0
0

Merlin Properties, la mayor inmobiliaria española y la única que cotiza en el Ibex 35, ha detallado por primera vez el número de títulos que entregará a su cúpula directiva (seis personas, todos hombres) en virtud de un plan de retribución en acciones a largo plazo (Management Stock Plan, MSP) que aprobó poco antes de su salida a Bolsa en junio de 2014 y que acaba de activar.

La compañía prevé entregar en 2022 a esos seis directivos clave un máximo de 6 millones de títulos cuyo valor, a los precios actuales, supera los 64 millones de euros: a más de 10 millones por cabeza.

Así se recoge en sus cuentas anuales de 2016, en las que la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) explica que, en virtud del citado MSP, "considerando el importe del incentivo y la cotización de la acción de la Sociedad Dominante, el equipo directivo tendrá derecho a recibir un máximo de 6.000.000 acciones dentro de 5 años, siempre que permanezcan prestando servicios al Grupo durante los próximos 3 años".

En octubre de 2014, ese plan recibió críticas de Morgan Stanley por su "enorme impacto en la rentabilidad final de los accionistas". Por lo pronto, la cúpula de Merlin ya se ha asegurado gracias a él un total de 1.373.334 acciones valoradas en más de 14,6 millones de euros.

"A día de hoy", ya han generado el "derecho a recibir dentro de 5 años un máximo de 750.000 acciones" valoradas en más de ocho millones los dos consejeros ejecutivos. Se trata del extremeño Ismael Clemente, consejero delegado y conocido por asegurar hace unos años que en España no paga impuestos "ni Dios"; y su socio y ex compañero de estudios Miguel Ollero. Los otros cuatro miembros de la alta dirección se han asegurado por ahora otras 623.334 acciones, con un valor de mercado de 6,7 millones.

El plan data de 2014, pero no se había activado hasta ahora. A diferencia de lo que ocurrió en el ejercicio 2015, en 2016 "se han cumplido las condiciones previstas en el plan" para la entrega de esas acciones, según Merlin, que ha elegido como referencia para la "primera fecha de asignación" de las acciones el ejercicio 2016, un año récord para la empresa, que disparó su beneficio más de un 1.000%, hasta 587 millones de euros, tras integrar en su balance la inmobiliaria Metrovacesa.

Un 25% cada año

Un 25% de las acciones a entregar con el plan se ha consolidado ahora y la entrega del 75% restante se irá comprometiendo año a año en los tres próximos años, en función del cumplimiento de objetivos: hasta otro 25% dentro de un año y los mismos porcentajes en los siguientes dos ejercicios.

La ejecución de este plan de retribución en acciones, que es independiente de la remuneración variable anual de los directivos de Merlin, depende fundamentalmente del valor neto de los activos (EPRA NAV) de Merlin, que en 2016, tras los correspondientes ajustes (principalmente, el descuento de los fondos obtenidos con la ampliación de capital realizada en octubre pasado para comprar Metrovacesa) se situó en 3.592 millones, lo que, según la empresa, supone un 20,4% más que un año antes.

Con esta variable y los 101,2 millones de dividendos que repartió el pasado ejercicio, Merlin estima una "tasa de retorno a los accionistas" del 20,8%, muy por encima del mínimo del 8% que fijaba el plan para poder ejecutarlo.

En sus cuentas de 2016, Merlin subraya que el derecho a percibir dos tercios de los hasta 6 millones de acciones que entregará "está condicionado a que la Sociedad Dominante goce de solvencia financiera en los próximos dos ejercicios", 2017 y 2018.

En el folleto de salida a bolsa, la empresa advirtió de que este esquema de incentivos no estaría sujeto a cláusulas de devolución por "cualquier disminución posterior que pueda ocurrir en el valor" de los activos de la empresa y que tampoco está "directamente relacionado" con la evolución de las acciones de la compañía en bolsa. El incentivo, dijo entonces, incluso podría "ser pagado o aumentado cuando la cotización de las acciones se deteriore".

El Corte Inglés traslada al juzgado la lucha de poder entre los clanes del grupo

$
0
0

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, tiene una cita este lunes en el número 52 de la Gran Vía de Madrid, sede del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de la capital. El máximo ejecutivo del gigante de los grandes almacenes está citado como testigo en el proceso abierto por Corporación Ceslar, SL, accionista del grupo (tiene un 9%) que impugnó la expulsión de su representante, Carlota Areces, del consejo de administración en agosto de 2015.

La vista en el juzgado, a pocos metros de los emblemáticos centros de El Corte Inglés en la plaza de Callao y la calle Preciados, arranca a las 10 de la mañana y en principio, tiene carácter público, aunque el titular del juzgado, Carlos Nieto, puede declarar reservadas las declaraciones si así lo pide alguna de las partes, siempre que justifiquen que debe celebrarse a puerta cerrada por su contenido o por las preguntas que puedan hacerse.

A la vista también están citados (como testigos y, como Gimeno, a petición de Ceslar) dos de los consejeros del grupo: Leopoldo del Nogal, uno de los principales apoyos del presidente de la compañía, y el veterano Florencio Lasaga (82 años), que desde abril de 2015 preside la Fundación Ramón Areces, máximo accionista del grupo con el 37,39%. Asimismo, comparecerá Juan Hermoso, otro miembro de la vieja guardia que abandonó el máximo órgano de dirección de la compañía de distribución el pasado noviembre. Ni Gimeno (41 años), ni Del Nogal, ni Lasaga ni Hermoso pueden mentir en sus declaraciones, por estar citados como testigos.

La cita judicial resume el turbulento momento que vive el grupo, que lleva años inmerso en una suerte de tormenta perfecta. A los efectos de la crisis, el sobreendeudamiento y los problemas de rentabilidad de algunos centros (especialmente, los inaugurados en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria) se unen la competencia del comercio digital y las vicisitudes propias del difícil traspaso de poderes en una empresa cuando llega la tercera generación de accionistas.

Un lance en el que, como consecuencia de los habituales enfrentamientos entre las distintas sagas de herederos, perecen el 80% de las compañías familiares. El Corte Inglés, uno de los mayores empleadores privados de España, sigue perteneciendo a esa categoría de empresas.

Conflicto abierto

La situación actual del grupo no difiere mucho de ese habitual escenario de pugnas entre las distintas ramas de los descendientes de los fundadores. El conflicto más evidente es el planteado por la representante de Ceslar, sobrina del fundador, Ramón Areces. Carlota Areces fue desalojada del máximo órgano de administración del grupo por airear información confidencial sobre la entrada en el accionariado del jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thanise, a la que se opuso por entender que infravaloraba la compañía y perjudicaba a los accionistas minoritarios.

El exministro catarí inyectó al grupo 1.000 millones de euros a cambio de un préstamo convertible en acciones que vence en septiembre del año que viene y que le otorgará un mínimo del 12,25% del capital del grupo, porcentaje que podría elevarse al 15% si, por ejemplo, el Ebitda (resultado bruto de explotación) del grupo no crece a una media del 12%, un objetivo que está por ver que consiga la compañía. La firma acaba de cerrar el segundo ejercicio de referencia de ese periodo de tres años con resultados "positivos".

Entre los aspectos controvertidos del desembarco del jeque catarí estuvo la millonaria comisión que pagó el Corte Inglés a un español afincado en Dubai, David Barreiro, por intermediar en la operación. Barreiro es socio junto a César Álvarez, hermano del anterior presidente del grupo, Isidoro Álvarez, en el Banco de Dakar, impulsado por los multimillonarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, ‘los Albertos’. En su momento, los famosos primos estuvieron casados con las hermanas Koplowitz, a su vez ahijadas de Ramón Areces.

César Álvarez es todavía patrono de la fundación Ramón Areces, en la que también han desembarcado las hermanas Álvarez y un directivo de El Corte Inglés próximo a estas últimas, Jesús Nuño. La fundación vive un momento financiero delicado. Aunque no tiene ánimo de lucro, lleva dos años arrastrando resultados negativos (13,7 millones en total) como consecuencia de la disminución de los dividendos que percibe de El Corte Inglés.

La fundación cerró 2015 con un fondo de maniobra negativo de 1,4 millones a causa de los menores dividendos y los préstamos concedidos a El Corte Inglés (más de 63 millones de euros) y los pagarés que ostenta de esta última.

Pese a ese desequilibrio patrimonial, en las cuentas de la fundación se indica que el patronato ha optado por “el principio de gestión continuada al confiar en la capacidad de la Fundación para generar recursos derivados fundamentalmente de los ingresos por dividendos recibidos de sus participadas, de forma que podrá atender con normalidad a sus obligaciones de vencimiento”.

Al conflicto abierto por Ceslar en los tribunales se suma el difícil equilibrio de poder entre un Dimas Gimeno en minoría accionarial frente a sus primas, las hermanas Marta y Cristina Álvarez, hijas de Isidoro Álvarez. Dimas Gimeno (designado sucesor por el fallecido expresidente del grupo) sólo controla de manera indirecta un 7,5% de las acciones a través de cartera IASA, la sociedad controlada por sus primas que a su vez tiene el 24% de El Corte Inglés.

Algunos movimientos recientes muestran cómo las dos hermanas están ganando poder en esta soterrada batalla. El último, el reciente nombramiento de un nuevo director general de ‘retail’, Víctor del Pozo. Considerado cercano a las hermanas Álvarez, Del Pozo ha asumido la máxima responsabilidad en las compras, ventas y marketing de la compañía y también se ha incorporado al patronato de la fundación.

En su búsqueda de la rentabilidad, el grupo ha confirmado recientemente su intención de absorber Hipercor, que ha reducido su facturación a menos de la mitad en los últimos ocho años. La marca y la plantilla de la enseña de supermercados se mantendrá en principio, según fuentes de la compañía.


El presidente de El Corte Inglés, ante el juez: “A mí no me gustaría estar aquí hablando de esto”

$
0
0

Visiblemente incómodo, el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha comparecido esta mañana como testigo ante el titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid en el juicio por la expulsión de Corporación Ceslar (propietaria del 9% de la compañía) del consejo de administración de la compañía en agosto de 2015.

“A mí no me gustaría estar aquí hablando de esto”, ha dicho el ejecutivo, que ha justificado la expulsión de Ceslar, aprobada por el 89,6% de los accionistas de El Corte Inglés en la junta de accionistas de 30 de agosto de 2015, por haber “quebrantado el deber de sigilo” sobre las actuaciones del máximo órgano de gestión de la compañía, al revelar detalles sobre la entrada en el capital del grupo, aquel verano, del jeque catarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thanise.

Gimeno ha acusado a Ceslar de llegar a difundir “trozos del acta” de un consejo de administración y “hasta datos de las comisiones” que cobraron Morgan Stanley y un intermediario español socio de su tío por la entrada del inversor árabe a través de un préstamo de 1.000 millones convertible en acciones.

El presidente del grupo ha dicho que la familia Areces Galán, propietaria de Ceslar, es “un socio histórico que representa mucho para El Corte Ingles”, y que antes del cese de su representante, intentó “reconducir la situación” encargándose “personalmente” de hacerles llegar una oferta para que depusieran su actuación y reconocieran sus errores, a cambio de permanecer en el consejo.

La oferta, según ha dicho luego la representante de Ceslar, Carlota Areces, fue rechazada porque era “una barbaridad. Me estaba autoinculpando falsedades y eliminando mi derecho a acudir a los tribunales”.

“Muy desagradable”

Gimeno se ha quejado de que es “muy desagradable” encontrar en la prensa continuas informaciones sobre el grupo como el reciente nombramiento de Víctor del Pozo, aupado por sus dos primas (las hermanas Álvarez Guil) a director general de ‘Retail’ y número dos in péctore de la compañía, del que el presidente de El Corte Inglés ha dicho que tiene “bastante valía”. “Preferiría que no fuera así”, ha dicho sobre esas continuas filtraciones.

En la sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el representante legal de Ceslar ha solicitado la suspensión del proceso hasta que el juzgado de instrucción número 46 de Madrid no se pronuncie sobre una querella penal contra la cúpula de El Corte Inglés por el desembarco del jeque árabe, también presentada por Ceslar.

El letrado ha intentado demostrar que no existe certeza de que su representada, Carlota Areces, filtrase a los medios de comunicación información confidencial del acuerdo.

Esta última ha llegado a asegurar que no le “consta” que una nota de prensa que Ceslar remitió a los medios en agosto de 2015 y que revelaba aspectos clave de la operación (como el exigente plan de negocio que debe cumplir El Corte Inglés para evitar que el jeque aumente su participación) fuera suya. “Este no es el membrete de Ceslar” y “no está firmado”, ha argumentado, cuando se la han enseñado.

Areces ha dicho que “ha habido filtraciones antes, durante y después de nuestro cese” y ha lamentado que “todo lo que pasa en El Corte Inglés está en los medios”.

En la vista, en la que también ha declarado, entre otros, Luis Isasi, máximo responsable de Morgan Stanley en España, finalmente no han tenido que comparecer, como había pedido inicialmente Ceslar, los consejeros de El Corte Inglés Florencio Lasaga y Leopoldo del Nogal, así como el ex vocal Juan Hermoso, al darse por satisfecha Ceslar con la declaración de Gimeno.

El Supremo condena a Iberdrola por ocultar información sobre cortes de luz por impago en Madrid

$
0
0

El Tribunal Supremo ha condenado a Iberdrola por ocultar información en 2011 y 2012 a la Comunidad de Madrid sobre los procedimientos que siguió en esa región durante el año 2010 para suspender el suministro eléctrico por impagos de clientes acogidos a la tarifa regulada (antigua tarifa de último recurso, actual PVPC), entonces mayoritaria entre los consumidores domésticos.

Competencia constata que los consumidores de luz se han bajado la potencia “de forma masiva”

$
0
0

El director de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Fernando Hernández, ilustró este miércoles cómo los consumidores de electricidad han optado “de forma masiva” por bajarse la potencia para ahorrar, tras las subidas que el Gobierno decidió aplicar a partir de 2013.

No sabes lo que tienes que saber sobre tu factura de la luz

La historia del desguace de Deoleo, un líder aceitero en sus horas más bajas

$
0
0

José Manuel Muriel, veterano ejecutivo experto en reflotar empresas en crisis y novelista, presentó el pasado viernes en Madrid su último libro, Pesadillas. “Ocho cuentos en la mejor tradición de la literatura de terror”. Síntesis que podría describir la situación en la que está inmersa desde 2009 Deoleo, de la que Muriel fue consejero delegado entre mayo de ese año y enero de 2011, cuando todavía se llamaba SOS.

Casi un tercio de las compañías del Ibex 35 elude un “código de buenas prácticas” con Hacienda

$
0
0

Casi siete años después de su puesta en marcha, diez empresas del Ibex 35, entre ellas tres en las que el Estado es el mayor accionista, todavía no han firmado un “código de buenas prácticas tributarias” impulsado en julio de 2010 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación público-privada en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. 

Actualmente aparecen adheridas a este código voluntario 122 sociedades nacionales y extranjeras. Entre ellas, algunas de las grandes del Ibex (como Santander, BBVA, Telefónica, Repsol o Iberdrola) y gigantes no cotizados como El Corte Inglés o Mercadona. Sin embargo, todavía hay diez firmas del Ibex que no han suscrito este mecanismo, por el que las compañías se comprometen a ser más transparentes y a cooperar contra el fraude fiscal, mientras la administración aumenta la seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias.

Las compañías del Ibex que de momento no lo han firmado, un 28% de los miembros del selectivo, son Aena, Cellnex (aunque sí su mayor accionista, Abertis), los supermercados DIA, Enagás, Grifols, IAG (que dice que su filial española, Iberia, lo suscribió “en representación” de la multinacional), Indra, Meliá, Merlin Properties, Técnicas Reunidas y Viscofan.

En Aena, Indra y Enagás, el mayor accionista es el Estado, pero a diferencia de Bankia (que se adhirió el 31 de marzo de 2016) o Red Eléctrica (desde septiembre de 2015), todavía no se han sumado.

"Aena aún no se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, si bien está plenamente comprometida a cumplir con las mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia, cooperación en asuntos fiscales y en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la detección del fraude", según recoge el último informe de gobierno corporativo de la empresa aeroportuaria, que tiene como mayor accionista privado a un fondo radicado en el paraíso fiscal de Islas Caimán y de la que el Estado es el socio mayoritario con un 51% en manos de Enaire, del Ministerio de Fomento.

En Indra y Enagás, el Estado tiene, respectivamente, un 20% y un 5% en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda. Indra no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto, mientras que fuentes de Enagás señalan que el consejo de la compañía ya ha aprobado la adhesión al código, que previsiblemente se producirá este año.

La SEPI es el único accionista significativo que se sienta en el máximo órgano de gestión de la empresa gasista y, por ley, es el único que no tiene limitados sus derechos políticos.

"Borrón y cuenta nueva"

¿Sirve para algo estar adherido a este código? El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba, considera que este mecanismo es "necesario" porque supone un "borrón y cuenta nueva" en la, muchas veces, conflictiva relación entre las grandes empresas y la Administración tributaria, caracterizada por "una gran pérdida de confianza mutua" entre las partes.

Groba, que critica que compañías con participación pública no estén adheridas a él ("Si empresas absolutamente privadas lo han firmado, no entendemos por qué no están"), compara su implementación con la cooperación internacional en el ámbito tributario, en la que "las cosas van muy lentas". En cualquier caso, opina que lo importante es que "el balón eche a rodar y ver cómo evoluciona".

Las bases de este código se sentaron en 2010 pero fue en 2015 cuando se explicitaron sus primeras conclusiones y se fijaron una serie de conductas para verificar su cumplimiento por parte de las empresas y la Administración tributaria. La adhesión a él incluye un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensificar la colaboración en la detección de prácticas fraudulentas y mejorar la información sobre las políticas fiscales aplicadas.

Según fuentes de la AEAT, con este mecanismo “se trata de propiciar un conocimiento temprano y evaluación de la política fiscal y de gestión de riesgos fiscales de las empresas, anticipando el análisis de la AEAT sobre su comportamiento. El objetivo es que la empresa ofrezca información, preferentemente con anterioridad a la finalización del plazo reglamentario de presentación de las declaraciones en la medida en que esté disponible”.

A partir de este esquema general, desde 2016 las empresas adheridas al código que lo desean “están comenzando paulatinamente a presentar informes anuales de transparencia fiscal, de acuerdo con el anexo al Código para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial”, explica la agencia.

Se trata de entregar información sobre ciertos aspectos de su actividad “que abarcan desde la explicación sobre la presencia en paraísos fiscales, la estructura de financiación de los grupos empresariales, el grado de congruencia de su actividad con los principios de las acciones del denominado ‘Paquete BEPS’ de la OCDE, la explicación de las operaciones societarias más significativas, la estrategia fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno y el catálogo de operaciones que se someten al consejo de administración de la entidad, entre otra información”.

También figura entre esa información voluntaria el catálogo de operaciones fiscales sometidas al consejo de administración (cómo se determinan las operaciones de especial riesgo fiscal cuya aprobación debe someterse a ese órgano), las instrucciones en materia de prevención de operaciones ilícitas, blanqueo o alzamiento de bienes y la explicación de los principales litigios fiscales existentes.

El código tampoco es la panacea en la prevención del fraude. Entre las grandes empresas adheridas (desde julio de 2014) está la farmacéutica Almirall, cuyos dueños, los hermanos Gallardo Ballart, se acogieron en noviembre 2012 a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, como reveló en junio pasado la investigación de Los Papeles de Castellana. Unas semanas después de que trascendiese esa amnistía millonaria, Hacienda abrió una inspección a la empresa.

Transparencia se rinde y permite al Gobierno mantener el secreto sobre la amnistía fiscal

$
0
0

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha dado por vencido y ha puesto fin a la pugna judicial que libraba desde hace meses con la Agencia Tributaria a cuenta del secreto sobre los beneficiarios de la amnistía fiscal. Gana el Ministerio de Hacienda, que desde el principio se ha negado en redondo a divulgar esos datos.


Cosechas falsas, facturas irreales... el promotor Francisco Roig pierde un pleito fiscal de 9,3 millones

$
0
0

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Labor de Caballero NN 3944, del promotor inmobiliario valenciano Francisco Roig, a pagar a Hacienda 9.296.263,86 euros entre cuota, intereses de demora y sanciones por el Impuesto de Sociedades de 2004 a 2006. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, confirma el criterio del Tribunal Económico Administrativo Central de Hacienda, que en julio de 2014 respaldó las conclusiones de la Agencia Tributaria frente a la recurrente.

La mayor parte de lo reclamado, más de 7,7 millones, son deudas tributarias por deducciones de "gastos no acreditados" y desgravaciones por reinversión de beneficios extraordinarios incorrectamente aplicadas porque no cumplían los requisitos para su aplicación". A ello se suman 1,7 millones de sanción. La sentencia condena a la SAT a las costas y critica su "falta absoluta de diligencia" en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Ante "la inexistencia de una actividad agrícola relevante", la Audiencia ha echado por tierra las millonarias deducciones que se anotó incorrectamente la SAT de Roig al reinvertir beneficios obtenidos por la compraventa de terrenos en Valencia. Aunque intentó colar esos solares como "inmovilizado" propio de su actividad económica, su "actividad real", según Hacienda, era el ladrillo, por lo que debió contabilizar los terrenos como "existencias", sin derecho a aplicarse esos incentivos fiscales.

"En los ejercicios 2005 y 2006 más del 95%, por no decir el 100%, de la actividad económica realizada es inmobiliaria. En consecuencia, ni la Sociedad Agraria de Transformación, ni los socios, ni las sociedades participadas desarrollan una actividad agrícola o ganadera que sea relevante", según interpretó Hacienda, que añadió: "La realidad es que no estamos ante una SAT sino ante una sociedad de régimen general que desarrolla en un sentido amplio la actividad inmobiliaria. En particular la compra venta de terrenos, previa recalificación urbanística en algunos casos de los mismos".

Naranjas, cebollas, chufas y topillos

La sentencia confirma la improcedencia de deducciones por facturas que tampoco correspondían "a servicios reales" y desgrana ejemplos de esa nula actividad agrícola, como unos terrenos en el barrio valenciano del Campanar adquiridos por la SAT en 2005. La sociedad de Roig "aportó una factura de 31/12/2006 de venta de cebollas por 6.000,00 euros" a Hortalizas Pepo SL. Pero "tres días antes" había adquirido a esa misma empresa cebollas por idéntico importe, lo que "pone en duda que las cebollas vendidas fueran cultivadas por el obligado tributario y no las mismas que 3 días antes había adquirido", según Hacienda.

En una de esas parcelas, adquirida por 4,7 millones, la SAT aseguró que "cultivó chufas en el 2007, pero una plaga de topillos acabó con la cosecha". Al no acreditar gastos relacionados con esos supuestos cultivos, y teniendo en cuenta que ese suelo "se califica como urbanizable en el nuevo plan general de Valencia", la conclusión de la Agencia Tributaria fue esta: "Resulta más que evidente que su finalidad no pasa por la explotación agrícola sino por su afectación a la actividad urbanística desarrollada por el obligado tributario".

En el caso de otros terrenos en Torres Torres y Algimia de Alfara (Valencia), la SAT presentó facturas por venta de naranjas de la campaña 2005-2006 por importe de 12.686,69 euros, sin especificar en qué parcelas las cultivó ni aportar facturas de la siguiente campaña o de compra de abono o productos fitosanitarios. "Las naranjas vendidas, suponiendo que procedan de estas parcelas, corresponderían a la producción existente en el momento de la adquisición (en su mayoría mediados de 2005), pero estos cultivos no fueron explotados por el obligado tributario en campañas sucesivas", según la Agencia Tributaria.

"Ello unido al hecho de que la inversión realizada en Torres-Torres y Algimia supone 2.557.913,12 euros y 4.212.769,53 euros, y de que la mayoría de las parcelas están afectadas por planes urbanísticos" promovidos por La Baronia Golf Valencia Resort SL (otra empresa de Roig), "evidencia que cuando se adquirieron estas parcelas su actividad era la promoción urbanística y no la explotación agraria", según Hacienda.

Un parking Robocop

En aquellos años, Francisco Roig (Poble Nou, Valencia, 1939) estaba en su apogeo inmobiliario, tras dar un pelotazo de 31,6 millones con la venta en 2004 de su 19,2% del Valencia CF, del que fue máximo accionista y su presidente entre 1994 y 1997.

El  hermano mayor del presidente y máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, y de Fernando Roig, dueño del Villarreal FC y magnate del azulejo castellonense, anunció en 2005 una inversión de 3.000 millones para desarrollar diez campos de golf en la Comunidad Valenciana con sus correspondientes urbanizaciones, tras hacerse con más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo rústico.

"No podemos competir con China ni con los países del Este en mano de obra y las naranjas se están abandonando porque ya no son rentables. Con diez campos de golf daríamos más trabajo que Ford España. Los están haciendo en Portugal, Andalucía, Murcia... y nosotros, que tenemos mejor clima, nos estamos quedando a la cola", se quejaba en noviembre de 2006 ante las trabas administrativas que decía encontrar para sus proyectos golfísticos, que según sus cálculos crearían 10.000 empleos.

Tras el crack del ladrillo, esas millonarias inversiones se quedaron en nada. La última iniciativa empresarial de Roig, hoy casi un octogenario, fue un parking 100% robotizado en Valencia inaugurado en enero de 2012. Lo explota una empresa cuyo socio único es, precisamente, la SAT Labor de Caballero.

Los campos de golf que intentó promover y que ahora le han costado un pleito millonario con Hacienda también le llevaron al juzgado. Tuvo que comparecer como testigo en la Audiencia de Palma junto a su hermano Alfonso durante la instrucción del caso Nóos para explicar su relación con Iñaki Urdangarin. En abril de 2016, reconoció que en 2006 pagó 156.000 euros en concepto de patrocinio al Instituto Nóos para intentar desbloquear tres campos de golf que entonces intentaba "colocar" a inversores: "No sé qué pasó. Sé que yo pagué y no recibí nada a cambio", declaró.

Preguntado por este asunto, Roig ha dicho desconocer si ha recurrido ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el pasado 14 de noviembre: "No tengo ni idea, yo estoy jubilado ya".

Banco Sabadell ocultó a la CNMV un préstamo de 200 millones a una firma panameña de su mayor accionista

$
0
0

El Banco Sabadell ha ocultado durante años en sus cuentas anuales y, por ende, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la concesión en 2013 de un préstamo de 270 millones de dólares (unos 201 millones de euros, al cambio de entonces) a una sociedad panameña del que luego fue su mayor accionista, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski.

Sabadell firma el código de buenas prácticas de Hacienda tras la salida de un accionista ligado a paraísos fiscales

$
0
0

Casi siete años después de que la Agencia Tributaria invitase a las grandes empresas españolas a suscribir un “código de buenas prácticas” fiscales, Banco Sabadell ha decidido sumarse a este acuerdo voluntario, que busca mejorar la cooperación público-privada en la lucha contra el fraude fiscal. 

Las pensiones de los actuales consejeros del Ibex se disparan un 18% y suman 382 millones

$
0
0

48 consejeros de 16 compañías del Ibex 35 acumulaban a cierre de 2016 derechos en pensiones por un importe de 382,3 millones de euros, un 18% más con respecto a los 322,8 millones que contabilizaban un año antes esas mismas empresas para sus vocales en activo, según datos recogidos de los informes de gobierno corporativo remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Lluvia de millones para los ejecutivos de las nuevas inmobiliarias cotizadas

$
0
0

Con el precio de la vivienda creciendo al mayor ritmo desde 2007 y la compraventa de casas en el nivel más alto desde 2010, el sector inmobiliario español está en clara recuperación, aunque lejos aún de las cifras de los años de la burbuja.

Entre las compañías cotizadas del sector, la mejoría ha tenido un reflejo directo en las retribuciones de las cúpulas de Merlin Properties y Axiare, dos de las principales sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria españolas (socimis). Una tendencia a la que se sumará en breve Neinor, que acaba de aterrizar en bolsa y prevé un bonus millonario para sus principales ejecutivos.

Los tres máximos responsables de Axiare y Merlin, dos socimis que salieron a bolsa en 2014, se repartieron el año pasado una remuneración que suma 18,966 millones de euros, lo que supone un 154% más que un año antes.

Se trata del consejero delegado de Axiare, Luis López de Herrera-Oria; su homólogo en Merlin, Ismael Clemente; y el otro consejero ejecutivo de esta última, Miguel Ollero. Tocaron a más de seis millones de euros por cabeza, cifras de récord en el sector, aunque es difícil establecer comparaciones porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sólo obliga a detallar los sueldos de los administradores de las cotizadas desde 2013.

En el caso de López de Herrera-Oria, un histórico del sector, el año pasado su retribución se disparó un 90%, hasta 6,7 millones de euros (el 86,5% en acciones). Fue el sexto ejecutivo de la bolsa española que más cobró en 2016, un ejercicio en el que la empresa que fundó ganó 148,6 millones de euros, lo que supone un 74,2% más.

El siguiente en el ranking de los ejecutivos mejor pagados de España en 2016 es otro nombre destacado del sector, Ismael Clemente, primer ejecutivo de Merlin, única socimi que cotiza en el Ibex, principal índice bursátil español. Clemente triplicó con creces el año pasado su retribución, hasta 6,24 millones (el 65,5% en acciones), tras apuntarse por primera vez un millonario plan de acciones que, en su momento, recibió las críticas del banco de inversión Morgan Stanley.

Según informaba esta semana El Confidencial, Merlin se dispone a modificar ese plan de incentivos para ligar en parte su ejecución futura a la cotización de la acción. Actualmente no lo está.

El número dos de Merlin, el socio y excompañero de estudios de Clemente, Miguel Ollero, también triplicó su sueldo hasta algo más de 6 millones de euros (el 65%, en acciones), que le convierten en el décimo ejecutivo mejor pagado en España en 2016.

El año pasado, Merlin disparó su beneficio más de un 1.000%, hasta 587 millones de euros, tras integrar en su balance la inmobiliaria Metrovacesa, una operación que propició que Banco Santander (22,27%) y BBVA (6,44%) se convirtieran en sus mayores accionistas.

Merlin es el máximo exponente de la explosión de las socimis. Gracias a un cambio legal aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar impulsar el mercado de alquiler, disfrutan de enormes ventajas fiscales a cambio de repartir como dividendos la práctica totalidad de sus beneficios.

El club de los seis millones

López de Herrera-Oria, Clemente y Ollero han escalado al selecto club de ejecutivos de cotizadas españolas (sólo diez personas) que el año pasado tuvieron unos ingresos brutos superiores a los seis millones de euros. El primero del ranking fue el presidente de una constructora, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, primer ejecutivo de Ferrovial. Del Pino se embolsó 15,25 millones (el 74% en acciones) tras la ejecución de un Plan de Opciones sobre acciones de 2008 que ha cumplido con un “grado de consecución del 100%". La constructora redujo el año pasado sus beneficios un 47%, hasta 376 millones, por los menores extraordinarios.

Al exclusivo club de los ejecutivos mejor pagados de España se unirá previsiblemente en breve el consejero delegado de la inmobiliaria Neinor Homes, Juan Velayos. La compañía, que el pasado martes protagonizó con éxito la primera salida a bolsa de una promotora inmobiliaria en España desde 2007, prevé entregar un bonus de hasta 27,4 millones de euros en efectivo y acciones para su cúpula (seis personas).

De esa cifra, la mayor parte, hasta 20,6 millones de euros, corresponderán a Velayos, que en los próximos 85 días recibirá un primer pago en efectivo de 3,3 millones tras el debut bursátil de Neinor.

La empresa, el mayor propietario de suelo en España, fue adquirida en 2015 a Kutxabank por el fondo buitre estadounidense Lone Star, que controla Neinor desde una sociedad luxemburguesa controlada a su vez desde Bermuda, un paraíso fiscal.

Viewing all 1937 articles
Browse latest View live